La asesora legal del Gesec, Ivana Montserrat nos ofrece un resumen del último informe de la Comisión Interamericana de DDHH, haciendo eje en lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires.
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESUMEN DEL INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LAS AMERICAS.
AÑO 2011
SITUACION EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES: • La relatoría sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, manifiesta su preocupación por la detención de personas, incluyendo menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior, y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad. Varios defensores públicos manifestaron que la detención de niños y adolescentes por averiguación de identidad, se hace por periodos de hasta 12 horas, y sin control judicial alguno. • Aún se observan prácticas como la denunciada por un agente penitenciario, que fue sometido a distintas formas de maltrato físico como ritual de bienvenida al Grupo de Intervención Especial. El ataque fue grabado con un celular y filtrado a los medios de comunicación. • La CIDH exhortó al Gobierno de Bs. As. a “establecer criterios objetivos que aseguren un proceso de adjudicación de cupos transparente y equitativo” en lo relativo al acceso a talleres, educación y demás programas de resocialización. En este contexto, otro de los factores que induce a la falta de transparencia y a las irregularidades en la determinación del acceso a estos programas es precisamente la insuficiencia de los mismos frente al elevado número de presos. • Preocupa el uso desproporcionado de los disparos con balas de goma contra los privados de libertad. De acuerdo con el Comité Contra la Tortura, la represión con balas de goma fue utilizada al menos en 1,487 oportunidades durante el 2008 por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense Los hechos de represión en general no respetan la reglamentación vigente o lo que enseñan los manuales de formación penitenciaria. Los disparos con balas de goma no deberían ser efectuados a menos de diez metros del cuerpo de las personas, ya que pueden ocasionar lesiones gravísimas e incluso la muerte. Además, debería apuntarse de la cintura hacia abajo. Pero en la mayoría de los casos los disparos son a muy corta distancia y suelen dirigirse a la cara o al pecho. En otros, se dispara apuntando hacia abajo pero con los detenidos en el piso. Se ha registrado gran cantidad de casos de personas que perdieron un ojo o padecieron otros daños irreparables. También es habitual encontrar detenidos con postas de goma alojadas en su cuerpo por mucho tiempo. • No hay cifras certeras sobre la cantidad de personas que fueron víctimas de torturas, ejecuciones o muerte por parte de la policía. Como la población afectada suele pertenecer a los sectores más excluidos, muchos de estos hechos no se denuncian y tampoco llegan a los medios masivos de comunicación. Si los casos no son acompañados por la perseverancia de los familiares, organizaciones y allegados a las víctimas, suelen quedar impunes o justificados como “enfrentamientos”. Existe un patrón estructural, una actitud de encubrimiento institucional, no importa la entidad del delito cometido. • La CIDH tomó conocimiento de la supuesta desaparición de Luciano Arruga. De acuerdo con la información recibida, Luciano Arruga – de 17 años- habría desaparecido en enero de 2009 luego de estar detenido ilegalmente en el Destacamento Policial de Lomas de Mirador. La sospecha sobre la posible participación policial en la desaparición de Luciano Arruga surge de las reiteradas amenazas que éste sufría por parte del personal de la delegación de policía y de los testimonios vertidos en el proceso interno que darían cuenta de su presencia en la comisaría de Lomas del Mirador. • En Argentina, en cárceles del Servicio Penitenciario Federal se registraron 24 suicidios en el periodo comprendido entre 2006 y 2009; y en cárceles del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 83 suicidios entre 2004 y 2009. • Se denuncia el empleo de la llamada práctica de la “falanga” o “patapata”, por parte del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense • Se recibió información según la cual el uso de los pabellones de aislamiento o buzones en las Unidades Penitenciarias de la Provincia constituye uno de los ámbitos en los que se viola de forma reiterada el derecho a la integridad personal de los reclusos. El encierro transcurre en celdas de 2×1.5 metros durante 23 ó 24 horas al día con doble puerta; generalmente sin agua potable o elementos de aseo personal; en celdas muy sucias y antihigiénicas; en muchos casos sin luz natural y/o artificial; sin calefacción o ventilación; con escasa o nula posibilidad de acceso a la ducha; sin comida ni posibilidad de cocinarse; sin posibilidad de acceder a la visita y en muchos casos sin acceso a teléfono; entre otras condiciones contrarias a los estándares internacionales. Además, es en estas secciones donde se registra la mayor carga de violencia (golpizas y otras agresiones) por parte del personal penitenciario • Se constató que la Comisaría de Ensenada Seccional 3ª, cuya capacidad real de alojamiento era de 6 plazas, alojaba al momento de la visita 20 personas en una situación de hacinamiento absoluto (y según se comprobó, dos semanas antes había llegado a albergar hasta 28 detenidos). Se observó además, que en cada celda dormían 3 personas y en el suelo del corredor otras 11, una seguida de la otra. Los detenidos permanecían encerrados en estas condiciones 24 horas al día sin acceso a luz natural, salvo un pequeño enrejado a través del cual tienen contacto con los abogados y las visitas. Se constató que todos los detenidos de esa comisaría habían permanecido ahí por periodos de entre 3 a 18 meses, incluso se encontró una persona de 75 años que sufría de artritis y que llevaba allí 45 días. • Se pudo observar que las comisarías visitadas no eran recintos diseñados originalmente para el alojamiento de personas por periodos prolongados, sino estructuras de otra naturaleza que posteriormente fueron modificadas. De las 54 Unidades Penitenciarias de Buenos Aires, diez de ellas no fueron construidas con ese fin específico. Además, de las 54 Unidades Penitenciarias, tres fueron construidas entre 1877 y 1882; cuatro entre 1913 y 1951; y el resto son posteriores a 1960. • La Relatoría verificó con preocupación que en los pabellones de separación del área de convivencia (“buzones”) los internos sometidos a reclusión en régimen de aislamiento no contaban con agua corriente y tenían que comer con la mano. A este respecto, la CIDH subrayó que “es indispensable que el Estado provea a los detenidos utensilios básicos para que éstos ingieran sus alimentos en condiciones mínimas de dignidad. • El Relator de Personas Privadas de Libertad constató que las autoridades penitenciarias tenían la práctica de realizar traslados sucesivos e indiscriminados de reclusos como forma de control interno de los penales o como medida disciplinaria –práctica conocida como la calesita–, con la agravante de que durante el traslado muchas veces se sometía a los internos a distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. De hecho, uno de los internos entrevistados durante la visita manifestó haber recorrido en seis años más de 40 (de las 54) Unidades. A este respecto, el Relator destacó que la reubicación constante de estas personas en distintos establecimientos de la vasta provincia de Buenos Aires afectaba el contacto regular con sus familias y les impedía el acceso a los programas laborales y educativos necesarios para su resocialización. • La cifra de internos que fueron trasladados 3 o más veces durante el 2008 era de 5,643. Además, durante ese año el Sistema Penitenciario Bonaerense habría dispuesto un total de 47,709 traslados, de los cuales 26,385 carecían de una motivación clara: 18,928 por “reubicación”, 7,378 por motivo no especificado y 79 sin motivo. Estos traslados por lo general se realizan mediante actos de violencia por parte del personal penitenciario. • la Relatoría de Personas Privadas de Libertad recibió información según la cual en el 2008 el interno Oscar Chaparro habría fallecido sofocado en un camión del Ministerio de Seguridad durante un traslado. Los peritos habrían comprobado que la caja donde era transportado Chaparro carecía de ventilación y con temperaturas de hasta 40º, además ese viaje que debió haber durado cinco horas, demoró un día. • Las muertes por VIH/SIDA y enfermedades oportunistas constituyeron en 2009 la principal causa de muerte en unidades penitenciarias. De acuerdo con información suministrada por el Comité Contra la Tortura, la muerte de una persona detenida con VIH/SIDA es clasificada por el servicio penitenciario como no traumática, o sea natural. Esta clasificación desestima cualquier investigación por parte de la justicia acerca del modo en que influyeron las condiciones y el régimen de detención para el tratamiento adecuado de la enfermedad: mala alimentación, falta de higiene, condiciones edilicias inapropiadas, falta de tratamientos médicos o inadecuada y discontinua provisión de los mismos • Se constató la práctica de trasladar reiteradamente a los reclusos, llevándolos compulsivamente de una Unidad Penitenciaria a otra en el vasto territorio de la Provincia. Esta práctica afecta de manera particular a aquellas familias con escasos recursos económicos, para el desplazamiento a lugares distantes resulta excesivamente oneroso. • De la población reclusa en unidades del Sistema Penitenciario Federal, al finalizar el ciclo lectivo 2009, el 1.3% acudió a programas de alfabetización; el 34% a educación a nivel primario; el 19.35% al nivel medio nivel polimodal; y el 3.8% del total de la población penal recibió instrucción de nivel universitario. Además, el Estado indicó que el 48% del total de la población penal participaba de programas laborales (de estos 4,560 reclusos, 2,760 eran condenados y 1,800 procesados).
