Lo sostuvo Francisco Scarfó, quien participó en un panel del Congreso llevado a cabo por la FAcultad de Periodismo de La Plata, junto Azucena Racosta, Juan Pablo Parchuc, Fernando Matschke y Jorge Jaunarena
El panel “Educación Superior en Cárceles” coordinado por Natalia Zapata, tuvo una gran participación de diferentes actores y militantes de la educación en cárceles que acercaron su mirada y experiencia sobre la temática, en el aula 19 del edificio Presidente Néstor Kirchner donde se desarrolla el I Congreso de Comunicación Popular y el II Congreso de Comunicación/Ciencias Sociales.
Francisco Scarfó, referente de GESEC La Plata, fue el primero en comenzar a desarrollar el trabajo que vienen realizando con la participación de profesores en primera instancia y a la luego, se le fueron sumando alumnos y otros profesionales. “Tenemos varios seminarios realizados en facultades y otras universidades, y lo que intentamos buscar es una incidencia en la política pública” sostuvo.
“Vengo laburando en cárceles hace más de dos décadas. En estas dos últimas décadas hay avances en lo normativo, pensar que en la ley de educación superior hay un articulo especifico referido al tema es un logro, pero como solemos decir, que hay profesores, educación, no es suficiente, porque estamos en una instancia de ya no pensar el qué o para qué sino el cómo, porque ahí surgen los problemas estructurales”.
Expresó que los problemas, más allá de los estructurales, son como se define a la educación. Hay que ver como se la define a la cárcel, como se la discute, como se piensa a la educación como una instancia de beneficio.
“Es central pensar a la educación como un derecho humano, pensando al sujeto de la educación como un sujeto de derecho. Esto implica que hay instancias normativas y también de monitoreo. Porque acá no están establecidos protocolos de previsibilidad, para que los derechos como educación o salud no se retraigan”.
Explicó que el tema de la formación docente y la selección es un problema, porque en las escuelas hay muchos amiguismo, sobre todo en la secundaria, cuando debería haber instancias de concursos, como en la universidad, ya que eso hace a la calidad de la educación.
“Qué aporta la universidad a la cárcel, que la hace más pública le da más visibilidad, aporta docencia extensión e investigación, organización y participación de estudiantes. En los desafíos es necesario asumir un voluntad política que desde por ejemplo el rectorado que articule todas las experiencias de las facultades. Hay que potenciar cátedras y extensión. Es necesario que la problemática de las cárceles sea transversal a la formación universitaria en todas sus carreras”.
La referente de la organización La Cantora, Azucena Racosta sostuvo que “Yo vengo de una organización territorial que llegó a la universidad. Hace muchos años que decidimos ir a buscar con unos compañeros el aparato represivo de la dictadura, porque no creíamos se hayan extinto con la llegada de la democracia o con el acto de votar y lo encontramos en las cárceles, donde seguían manteniendo muchas de esas prácticas. Así nació La Cantora”.
Expresó que es muy difícil llevar adelante cualquier proceso emancipatorio en contexto de encierro. “Decidimos como militantes trabajar con este sector, con el más castigado, como dice Zygmunt Bauman con los residuos. No estaba dentro de nuestro proyecto llegar a la universidad pero si llegamos con ese mandato para cruzar el discurso neoliberal con el de las personas empobrecida. Éramos los locos que veníamos a hablar de los presos. Lo que hicimos fue aprovechar e ir aprendiendo hasta que comenzamos a presentar proyectos de extensión para trabajar en contextos de encierros”.
Remarcó que la cárcel de Olmos tiene una gran catedral, lo que marca el peso que tiene la iglesia, pero también hay una gran escuela, que siempre está vacía y que es muy difícil pensar en resolver esta situación que tienen que tomar nuestros gobernantes para desmantelar las mafias penitenciarias, que todo lo vende y negocia.
Sentenció que antes que el derecho a la educación, está el derecho a la vida y que sigue sintiendo vergüenza del sistema penitenciario que tenemos y que la vergüenza también es un sentimiento revolucionario como decía Marx.
Por otro lado, Juan Pablo Parchuc de la UBA, contó su experiencia de más de dos décadas en educación en contextos de encierro y resaltó que la articulación con otros niveles les parece fundamental, ya que se aprende mucho de las diferentes experiencias. “Tratamos de ir generando esas articulaciones que nos ayudan a estar mejor organizados adentro. Tenemos situaciones muy distintas en cada uno de los espacios que estamos. Hay un crecimiento de organización adentro que es muy interesante y eso nos alienta a seguir adelante”.
“Vemos que ha habido un gran crecimiento de la matricula que estudia, aunque sabemos que también hay mucha demanda que encuentra su freno con el servicio penitenciario. Hace tiempo venimos pensando otras ofertas académicas, ya que el 2% de la población carcelaria estudia, uno de los desafíos es pensar la oferta, no solo adentro sino después para cuando salen”.
Vienen pensando en prácticas orientadas al cooperativismo y eso los ligó la organización del trabajo en un marco de economía social, y remarcó como la universidad participa y fortalece los procesos de organización dentro de los contextos de encierro.
El Abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, Fernando Matschke expresó que “nuestra área se dedica a el monitoreo de los contextos de encierro, donde el mayor trabajo ha sido en cárceles. Cuando una persona esta vulnerada en sus condiciones de detención se presenta un habeas corpus coercitivo que es con el que trabajamos”.
“El problema de la educación superior en cárceles, es la cárcel, porque es un sistema cuyo único fin es la crueldad. La primera carrera que entró a la cárcel fue derecho y eso a la larga nos sirvió. Aunque en un principio llegaban los que elegía el servicio penitenciario. Periodismo fue la segunda con muchos inscriptos. La universidad le aporta miradas, que después se discute que mirada, pero esa es otra discusión que dar”.
Por último, el Secretario de Derechos Humanos de la Facultad, Jorge Jaunarena agradeció a los compañeros que hicieron posible que la carrera de Comunicación Social se inserte en las cárceles y contó la experiencia de un convenio que nace en el año 2008 para realizar de talleres de gráfica y radio, que comenzó como un convenio de extensión y hoy está la carrera.
Realizó un racconto de los estudiantes que están estudiando, los cuales 4 están en proceso de tesis, 20 cursando en el ciclo básico y el año paso se recibieron 3 del profesorados. El 85 % de nuestros alumnos y alumnas terminaron el secundario en la cárcel lo cual habla mucho de estas políticas, pero remató diciendo que solo 3 carreras están trabajando en cárceles cuando hay más de 140 en la universidad.
Fuente: Prensa | Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)
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