El Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC) manifiesta su más enérgico repudio a la medida del Gobierno Nacional de prohibir los centros de estudiantes universitarios en las cárceles federales. Esta decisión representa un grave retroceso en el reconocimiento y ejercicio del derecho a la educación en contextos de privación de la libertad, un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar y promover.

La educación en cárceles no solo es un derecho en sí mismo, sino un derecho llave que abre el acceso y ejercicio de otros derechos fundamentales durante la ejecución de la pena privativa de la libertad ambulatoria. La restricción de los derechos educativos implica una vulneración a la dignidad y al desarrollo integral de las personas privadas de la libertad, en contraposición a los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.

Las universidades públicas cumplen un rol esencial en la democratización del conocimiento y en la construcción de una sociedad más inclusiva. La presencia de la universidad y sus actores en contextos de encierro contribuye a hacer más pública la cárcel, no solo impartiendo conocimiento sino también visibilizando realidades que muchas veces se buscan ocultar y promoviendo espacios de transformación social.

Restringir la organización y participación estudiantil debilita el rol de los centros universitarios como espacios de debate, formación y representación, afectando tanto la vida académica como los principios democráticos que sostienen nuestro sistema educativo.

Desde el GESEC abogamos por la inmediata anulación de esta medida y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a la educación en cárceles, acompañando a los Centros de Estudiantes Universitarios en su lucha por espacios de aprendizaje libres, inclusivos y democráticos.