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El GESEC realizó hoy el cuarto espacio de encuentro y conversación en el marco del “Ciclo de Conversatorios virtuales los desafíos de la educación en cárceles en tiempos de excepcionalidad”, y esta vez compartieron sus experiencias estudiantes universitarixs en situación de privación de libertad que cursan carreras en diversas instituciones universitarias como la UNLP, UNSAM y UADER.
Coordinado por Juan Martín Castro, abogado (UNLP) e integrante de GESEC, el evento contó con la presencia de Viviana Blanco, estudiante de Abogacía y la Lic. en Comunicación Social (UNLP), presidenta del Centro de Estudiantes “Juana Azurduy” (UP8- Plata, Buenos Aires); Martín Muñoz, abogado y estudiante de la Lic. en Sociología (UNLP), presidente del Centro de Estudiantes “Ana Goitía de Cafiero” (UP1- La Plata, Buenos Aires); Abel Diaz, estudiante de la Lic. en Sociología (UNSAM), vicepresidente del CUSAM (UP48- San Martín, Buenos Aires) y Raúl Izaguirre, estudiante de la Lic. y Prof. de Historia en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) (UP1-Paraná, Entre Ríos).
En el inicio, Juan Castro contextualizó que en la Provincia de Buenos Aires se encuentran 51 mil personas prisionizadas (lo que indica un 118 % de sobrepoblación) y que el sistema penitenciario de Entre Ríos tiene a 2532 personas privadas de su libertad ambulatoria.
Abel Díaz, comenzó relatando que en CUSAM “estudian 130 personas de las tres unidades del Complejo Penitenciario San Martin que se compone de las unidades 46, 47 y 48, donde se dictan dos carreras: Trabajo Social, Sociología y desde hace poco tiempo la Diplomatura en Arte y gestión cultural”. «Hoy la Universidad nos carga datos para avanzar en las materias y talleres pero esperamos que se resuelva la conectividad».
“La pandemia nos complicó como a todo el mundo, y más por la falta de conectividad que es fundamental para seguir estudiando en este cuatrimestre”, subrayó y resaltó que él se contagió Covid-19 en la unidad que otros compañeros también, por lo que «estamos concentrados en esto de cuidarnos».
En tanto, Martín Muñoz inició su alocución haciendo referencia a «que llevo 12 años privado de libertad y en este proceso pude realizar la escuela secundaria y la carrera de abogacía». Ponderó “la importancia de los lazos, cuando uno puede tener la experiencia de transitar la universidad, hay una contención no menor, muy importante que nos permite continuar”.
Comentó que en Olmos “hay 120 personas que estudian carreras de la UNLP (Periodismo, Derecho y Sociología)” y resaltó el rol de la Universidad y del juez de ejecución José Villafañe en el acompañamiento a lxs estudiantes del Centro Universitario de Olmos “que también desarrolla actividades como alfabetización jurídica”.
Raúl Izaguirre, por su parte, refirió que acceder a la Universidad «me cambió la cosmovisión, la mirada de lo que acontece globalmente», y añadió “todos los sistemas se continúan reproduciendo y no están a la altura del contexto actual”. Explicó que en la Unidad 1 de Paraná no hay centro universitario y enfrenta la coyuntura con apoyo de equipos técnicos y compañerxs de la UADER.
Acotó que en la unidad “hay compañeros que no tienen voluntad de estudiar”, lo cual desató un debate en el chat del conversatorio sobre el rol institucional para garantizar derechos educativos. Consideró que con la educación “se rompe con el viejo paradigma que quienes están privadas de libertad están perdidas o son irrecuperables, ese mito. Nos preparamos para enfrentarnos a la sociedad con nuevos proyectos”.
En tanto, Viviana Blanco, dijo: “observo que en otras provincias o en otros lugares tienen mayores dificultades” para acceder a la educación superior, al tiempo que ponderó el trabajo que realizan las unidades académicas de la UNLP donde estudia y destacó el «acompañamiento» tanto de organizaciones sociales como de docentes y compañeres estudiantes.
“Es engorroso no tener un pabellón universitario», refirió “siendo que en la unidad somos veinte estudiantes universitarias” e indicó que articulan con “muchas compañeras del colegio secundario, quienes están próximas a ingresar a carreras”. Detalló que el Centro de Estudiantes que preside funciona de 8 a 18 horas y abogó por “contagiar el espíritu colectivo que nos hace sentir vivas”.
Finalmente, hubo intercambio entre estudiantes sobre sus apreciaciones respecto del Programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia” que hizo público el Ministerio de Justicia PBA y se enfatizó sobre las posibilidades de materialización y, sobre todo, de la obligada remuneración digna por la actividad laboral en contexto de encierro punitivo.
En el chat del conversatorio participaron estudiantes, docentes e interesades de La Plata, Campana (Buenos Aires) Villa María y Río Cuarto (Córdoba), Rosario (Santa Fe), Cipoletti y Cutral Có (Neuquén), Posadas, Apóstoles e Iguazú (Misiones), Paraná (Entre Ríos), de las provincias de Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron personas de Brasil, Bolivia y Perú.